Los agentes financieros que conceden y crean los créditos han conseguido elevar la cultura o, mejor dicho, la incultura de la falta de responsabilidad y compromiso a la categoría de principio de actuación en la economía y la política. Como hemos podido ver, las agencias de calificación son sus máximos representantes.
Todo ser humano debe responsabilizarse de las consecuencias de sus actos como persona frente a terceros, también con su patrimonio. Ésta es una conquista elemental de la civilización. No obstante, no sigo aquí a Karl Marx que describió a los propietarios capitalistas privados como «máscaras de carácter» y como «capital personificado». Mantengo, por el contrario, que los propietarios privados son, por seguir con este lenguaje, personas capitalizadas. Para cambiar este estado de cosas debemos hacer valer el principio de la responsabilidad personal vigente, al menos de forma teórica y legal, para todos los demás ámbitos de la sociedad.
Es por eso que se debe obligar a creditores y agencias de calificación a que asuman su responsabilidad respecto al endeudamiento de empresas y Estados. No pueden seguir siendo jueces, sino que tienen que ser llevados a juicio. Los perjudicados como Jürgen Hillebrand, el jubilado cuyo caso comentábamos en la introducción de este libro, deberían poder arrastrar a las agencias de calificación ante la justicia, los abogados y los economistas deberían unirse como en España y Grecia y adentrarse por caminos legales hasta ahora no recorridos[1]. En estos casos lo importante no es sólo el éxito, sino el debate público que genera en torno a la necesidad de una reforma de la justicia y del derecho en el ámbito de las finanzas.
Tenemos que tratar como insolventes a las empresas y los bancos que han hecho mal sus cálculos y que se han sobreendeudado, sobre todo cuando son considerados «relevantes para el sistema» (to big to fail). Han de asumir su responsabilidad por los riesgos que han decidido contraer desde una posición de poder. El Estado no puede «salvar» contra todas las leyes económicas a quien se arruina, entre otras cosas porque, una vez que se empieza así, nunca se llega al rescate definitivo. ¿Quién rescatará al final al rescatador que sobreviva? Esto no sólo es válido en el capitalismo, sino también en cualquier otro sistema económico que pretenda tener éxito, incluido el socialismo. Ciertamente, la insolvencia no puede tener lugar bajo la propia dirección de los afectados, sino que ha de quedar bajo control democrático, teniendo en cuenta todos los intereses legítimos.
En un Estado de derecho no han de pagarse las deudas ilegítimas. En un crédito siempre participan dos partes. No sólo el prestatario es responsable, sino que también lo es el prestamista: ¿ha concedido éste un crédito a pesar de que tenía que saber que no se lo iban a poder devolver? ¿Se ha basado el creditor en una calificación de conveniencia comprada? Resulta necesario, por lo tanto, una anulación de la deuda, cuya cuantía ha de ser fijada tras un debate público por una instancia independiente. Los principios y procedimientos para ello ya han sido hace tiempo elaborados en relación con los bancos y los llamados países en vías de desarrollo.[2]
Las agencias de calificación, las auditorías, las consultoras, los bancos, las empresas y filiales que tienen sus domicilios legales en paraísos fiscales como Delaware, las Islas Caimán, Liechtenstein, Luxemburgo o Suiza pretenden rehuir sus responsabilidades también con ayuda de este mundo al margen de la legalidad. Y por esta razón han de ser tratados como incapacitados legalmente para los negocios en los países donde sus propietarios tienen su verdadera sede y donde realizan su actividad principal.
Siguiendo el mismo patrón, se debería considerar como no existentes todos los valores que se esconden fuera de balance en montajes jurídicos como los vehículos de inversión estructurados (SIV), las entidades o los vehículos de propósito especial (SPE, SPV) y otros similares. Tales medidas darían en el centro de las tres grandes agencias y sus propietarios.
También una parte de la población se ha dejado arrastrar de muchas maneras hacia una anónima irresponsabilidad, ha buscado refugio en diferentes territorios privatizados aparentemente liberados. Nosotros mismos tampoco podemos salir de ese estado de irresponsabilidad más que oponiendo resistencia a nuestra degradación y aliándonos con otros. Quien no opone resistencia a quien le perjudica, se vuelve un ser anónimo, irresponsable y extraño para sí mismo y para los demás. Sólo la resistencia conjunta desplega las fuerzas interiores inherentes a los individuos y posibilita la identidad y la responsabilidad.
Democratización
Los criterios y las formas de trabajo de las agencias de calificación fomentan modelos políticos autocráticos y antidemocráticos.
Los partidos, medios de comunicación, instituciones y organizaciones desgastados por su colaboración con los responsables del endeudamiento no están capacitados para impulsar un sistema financiero y económico basado en principios democráticos.
Una medida sencilla y ya recomendada con frecuencia consistiría, de entrada, en prohibir las donaciones de los bancos, aseguradoras y demás empresas a políticos y partidos; sobre todo las donaciones continuadas durante decenios como las del Deutsche Bank a los partidos CDU, CSU y FDP. Debería prohibirse, además, todo el resto del instrumental que ustedes ya conocen: los contratos de asesoramiento, los mandatos en consejos de administración y consejos consultivos, los patrocinadores de congresos de partidos, medios de comunicación y eventos, los viajes de placer, gestores temporales en ministerios y en la administración pública, etc.[3]
Debemos desarrollar un sentido elemental de la justicia que nos lleve a proscribir, evitar y castigar el robo, el fraude, la extorsión y la mentira, tambiénń en sus formas actuales. Los campeones del endeudamiento sistémico han matado este sentido de la justicia con la ayuda de una maraña nunca antes existente de leyes, decretos y directrices nacionales e internacionales, en los cuales se basa el poder de las agencias de calificación y que suponen, medido según estándares democráticos, una injusticia legalizada. Son precisamente los agitadores neoliberales contra «la burocracia» los que han alimentado un nuevo monstruo burocrático, su supermonstruo burocrático privado. Es de éste de quien hemos de librarnos.
[1] Ver Apéndice, pp. 255 y ss.
[2] Lis Füglister y Stefan Howald: Illegitime Schulden, Verschuldung, Menschenrechte, Basilea, 2005; Max Mader y otros: How to challenge Illegitimate Debt, Zúrich, 2009.
[3] Ver las actividades de Transparency International, LobbyControl, Abgeordnetenwatch y otros similares.
Rating Cero 